El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha concedido a un ingeniero de telecomunicaciones de 47 años que dice sufrir electrosensibilidad la incapacidad permanente total para su profesión y el derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, que ascendía a 2.812 euros. “Es la primera vez que dan la invalidez a una persona porque sufre hipersensibilidad y no puede estar expuesta a las ondas electromagnéticas”, me ha dicho Jaume Cortés, abogado del afectado.

Ricardo de Francisco, de 47 años, trabajaba para Ericsson cuando en 2010 empezó a sufrir depresión, ansiedad, falta de concentración y otros síntomas. Le dieron la baja y estuvo en tratamiento psicológico y psiquiátrico un año, tras el que volvió al trabajo. Pero la cosa fue a peor y, aunque “al principio pensaba que tenía una enfermedad psiquiátrica”, una médica le diagnosticó electrosensibilidad. Ella también la sufría. Al final, la compañía le despidió e indemnizó. Entonces, solicitó una pensión de invalidez que le denegó primero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y luego el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid, y que ahora le concede el TSJM porque “se halla en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de ingeniero de telecomunicaciones” derivada de la enfermedad que padece. A lo largo del proceso, el hombre encontró otros dos médicos que confirmaron el diagnóstico y forman parte del reducidísimo grupo de profesionales de la salud que, en contra de todas las pruebas, consieran que la electrosensibilidad y la SQM no son patologías de origen psicosomático.

Los afectados de electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnética presentan dolores de cabeza, mareos, fallos de memoria, insomnio y otros síntomas que achacan a las ondas de telefonía y de wifi, las líneas de alta tensión… La patología, sin embargo, no está reconocida como enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adimite que hay personas que aseguran sufrir problemas de salud por su exposición a los campos electromagnéticos y presentan síntomas no específicos (enrojecimientos de la piel, sensación de quemazón, fatiga, palpitaciones, náuseas…) que pueden llegar a resultar discapacitantes. Sin embargo, añade que “no existe una base científica para vincular los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética con la exposición a los campos electromagnéticos”. “Es una patologia de origen psicosomático. Esta gente sufre de verdad, pero no por las ondas”, advierte Alberto Nájera, especialista en radiología y medicina física de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estudia el fenómeno desde hace años. Es la opinión, basada en las pruebas, de la comunidad científica.

Los estudios han demostrado que, cuando un presunto hipersensible ve una antena de telefonía, sufre síntomas aunque la instalación no esté en funcionamiento y, a la inversa, que, cuando la presencia de una antena no es evidente, el paciente se siente perfectamente aunque el dispositivo esté funcionando. La sentencia del TSJM dice que el afectado podría trabajar en lugares libres de ondas electromagnéticas. “Eso es imposible en este Universo. Eso sí, si cree que está libre en algún sitio, va a sentirse bien ahí”, dice el abogado Fernando Frías, miembro del Círculo Escéptico.

Despropósito de principio a fin

La de Ricardo de Francisco es una victoria judicial, sin duda, pero nada cambia desde el punto de vista de la ciencia. Los hechos no están supeditados a sentencias judiciales ni votaciones parlamentarias. Si mañana todos los jueces de España deciden indemnizar a afectados de hipersensibilidad electromagnética y de sensibilidad química múltiple (SQM) -otra enfermedad fantasma-, no por eso estas patologías existirán fuera de la mente de los afectados. El problema con esta sentencia es que no entra a establecer si la enfermedad que dice sufrir el demandante existe porque eso no se cuestiona. Lo que es objeto de litigio es su derecho a pensión. De locos y consecuencia del pésimo trabajo de los profesionales del INSS que evaluaron la situación del afectado -cuya patología no tiene un origen en las ondas, sino en su psique- y de los abogados del Estado.

Tal como recoge la sentencia, del 6 de julio, un informe médico de mayo de 2014 del equipo evaluador del INSS admite que no hay pruebas de que la electrosensibilidad y la SQM existan. Sin embargo, un mes después el INSS determina que el hombre padece “trastorno ansioso-depresivo con predominio de irritabilidad para control de impulsos, síndrome de electrosensibilidad (EHS), síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM), de intestino irritable, seco de mucosas”, a pesar de lo cual le niegan la prestación por no considerar ese cuadro invalidante. Es contra esto último contra lo que Ricardo de Francisco actuó legalmente. Por eso, según me ha explicado Frías, el TSJM no tenía que dilucidar si la electrosensibilidad existe, sino si un afectado por esa enfermedad tiene derecho a pensión cuando resulta que esa patología le incapacita para hacer su trabajo. Los representantes legales de la Administración podían haber argumentado que la electrosensibilidad no existe, pero habrían llevado entonces la contraria a los profesionales de la INSS que, en su incompetencia, dictaminaron que el hombre padecía una enfermedad que no está reconocida como tal en ningún sitio.

Los jueces del TSJM tampoco tienen las ideas muy claras. Dicen en la sentencia que “queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión de ingeniero de telecomunicaciones a causa del síndrome de sensibilidad química que padece o hipersensibilidad electromagnética que el Ministerio de Sanidad español lo ha calificado en su versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9-MC dentro del grupo de alergias no específicas (código 995.3)”. Sí, han leído bien, los magistrados confunden la electrosensibilidad con la SQM, según la cual hay personas a quienes las sustancias químicas sintéticas les ponen enfermas. No las tóxicas, sino cualquier sustancia a un nivel muy por debajo del considerado seguro. Sufren tanto que llegan a tener que aislarse del plástico, de los colorantes, de las fibras sintéticas… Del mundo artificial. Las pruebas científicas han demostrado, sin embargo, que esa dolencia es psicosomática, como la electrosensibilidad. ¿Pero reconoce Sanidad la hipersensibilidad electromagnética como enfermedad?

No. Y da igual lo que digan los jueces. He buscado en la versión española de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9-MC y no he encontrado referencia alguna a la electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnetica. Lo más que hay es una referencia a hipersensibilidad sin más. Por cierto, que la hubiera  a la electrosensibilidad tampoco sería un argumento a favor del demandante. De hecho, en la versión española de esa clasificación está incluida la SQM sin que eso signifique que se reconoce como enfermedad.

Enfermedad inexistente

La electrosensibilidad no está reconocida como enfermedad ni en España ni en ningún otro país, ni está previsto que la OMS -la única entidad que tiene capacidad para reconocerla como tal- vaya a hacerlo. Tal como me explicaron en su momento desde Sanidad, la CIE la elabora la OMS y “la estructura de la clasificación no puede ser modificada por ningún país ni organización”. Lo más que hacen algunos países, como España, es atribuir un código a una “posible dolencia” para conocer “su posible incidencia” entre la población, “aun cuando no sea una enfermedad reconocida”. Los casos de electrosensibilidad se podrían incluir en la categoría de “alergias no especificadas”, un cajón de sastre en el que ya figura la SQM, presunta dolencia tampoco reconocida como enfermedad en ningún país. Por cierto, Sanidad es en esta historia el único actor al que no se puede culpar de nada: es falso que haya reconocido la electrosensibilidad como enfermedad, como sostienen algunos.

En resumen, un hombre sufre una dolencia que cree psiquiátrica; un médico le convence de que padece una enfermedad que le impide hacer su trabajo; los evaluadores médicos del INSS aseguran que la patología no existe, pero aún así se la diagnostican; el INSS le niega la pensión a pesar de que la presunta dolencia sería invalidante para su trabajo; va a los tribunales; le deniegan la pensión en primera instancia; cuando recurre, los abogados del Estado no entran a cuestionar si la enfermedad existe y los jueces concluyen que, si sufre ese mal -cosa que se da por hecho- y está incapacitado para su trabajo, tiene derecho a pensión. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Además de ser todo una chapuza, la lectura de la sentencia demuestra una vez más que los jueces españoles no saben escribir, pero ésa es otra historia.

Vivimos rodeados de radiación electromagnética, desde la luz de una bombilla y del Sol hasta los muy nocivos rayos X y gamma, que pueden provocar en el ADN mutaciones que desemboquen en tumores. Las ondas de telefonía y wifi son lo que se conoce como no ionizantes porque no pueden alterar el ADN. Tampoco pueden tener los efectos que dicen los electrosensibles. “La radiación media de una antena de telefonía es inferior a la que recibiríamos de una bombilla de 100 W a un kilómetro. La electrosensibilidad es imposible desde el punto de vista físico”, afirma Nájera. Él y Frías lamentan que, en vez de recibir el tratamiento psiquiátrico que les pudiera ayudar a sobrellevar la situación, esas personas caigan en manos de desaprensivos que agravan su mal al convencerles de que padecen enfermedades que no sufren porque no existen.

Ricardo de Francisco puede tener derecho a una pensión de invalidez, pero otorgársela por padecer una enfermedad que no existe es el colmo del disparate. Es el equivalente a que yo pida la invalidez porque me ha poseído el Diablo y me la den porque la Iglesia católica dice que eso es posible. Sería recomendable que el INSS y los abogados del Estado tomaran nota, de cara a futuras demandas por electrosensibilidad y SQM, de que esas supuestas enfermedades no existen, como no existen las posesiones demoniacas, y son en realidad manifestaciones de trastornos mentales. Sería recomendable que, cuando se dirimen asuntos que tienen que ver con la ciencia, la ley permitiera a los jueces de todas las instancias contar con peritos que pongan los puntos sobre las íes y les guíen a la hora de tomar decisiones.