Una directiva europea de consumo ha puesto en pie de guerra a adivinos, médiums y sanadores espirituales en Reino Unido, porque les obliga a demostrar sus poderes ante los tribunales si alguien les demanda. Hasta ahora, la legislación británica asumía que todo brujo posee las habilidades extraordinarias de las cuales vive, a no ser que alguien probara lo contrario. Mientras que los afectados consideran la ley que adapta la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales un ataque a sus creencias, los humanistas ven con satisfacción que el Gobierno acuda en auxilio de la gente engañada por los brujos.
La actividad de videntes y hechiceros está regulada en Reino Unido desde la promulgación del Acta de Brujería de 1735, que acabó con las ejecuciones de quienes decían tener poderes extraordinarios, pero asumió que todos ellos eran artistas del engaño que podían ser castigados con multas o penas de cárcel. Esta ley fue derogada cuando entró en vigor el Acta de médiums Fraudulentos de 1951, en la que se daba la vuelta a la tortilla: la norma a la cual sustituirá la directiva europea el 26 de mayo presuponía la existencia de médiums genuinos -auténticos clarividentes, telépatas, espiritistas…- y contemplaba penas de un máximo de dos años de prisión para aquéllos que se demostrara que eran un fraude.
Negocio millonario
«La dificultad a la hora de probar que un médium no es genuino es probablemente una de las razones por las cuales ha habido menos de diez procesos en los últimos veinte años», explicaba ayer a este periódico Hanne Stinson, directora ejecutiva de la Asociación Humanista Británica (BHA). Esta entidad aboga por una organización social laica, libre de religiones y supersticiones, y cuenta con miembros activos tan destacados como el literato Salman Rushdie, el biólogo Richard Dawkins y John Maddox, ex director de la revista Nature.
Los psíquicos -como les gusta denominarse- británicos se manifestaron el viernes ante el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro, donde entregaron una petición firmada por 10.000 de ellos para que el Gobierno de Gordon Brown no revoque el Acta de médiums Fraudulentos de 1951 en beneficio de la directiva europea. El colectivo, cuyo volumen de negocio supera los 50 millones de euros anuales, se enfrenta a tener que advertir a su clientela de que lo que hace –sea curar gente, hablar con los muertos o ver el futuro– es sólo un entretenimiento sin base real o, de lo contrario, a probar sus poderes en los tribunales para evitar multas y hasta la cárcel. «Lo nuestro es un sistema de creencias. Sometiéndonos a las leyes de protección del consumidor, tendremos que probar aquello en lo que creemos. Otras religiones no tienen que hacerlo», se quejaba hace una semana la sanadora Carole McEntee-Taylor, presidenta de la recién nacida Asociación de Trabajadores Espirituales.
«Es un engaño por parte de los espiritistas decir que como practicantes religiosos no deben estar sometidos a la leyes de consumo. La industria psíquica es enorme y lucrativa, y explota a gente muy vulnerable e ingenua con afirmaciones para las que no hay pruebas científicas», puntualiza Stinson, para quien ha llegado el momento de que el Gobierno actúe en defensa de las víctimas de lo paranormal. «No estamos hablando de libertad de culto. Cualquiera puede creer en lo que quiera, pero, si uno presta un servicio a cambio de un pago, tiene que demostrar que el servicio que ofrece es real, algo que en estos casos es imposible», afirma el abogado Fernando L. Frías, presidente del Círculo Escéptico, asociación trabaja en coordinación con la BHA y otras entidades europeas en la lucha contra la superstición.
Petición en España
Un portavoz del Ministerio de Sanidad y Consumo español indicó ayer a este periódico que la directiva europea se transpondrá a nuestra legislación este año y confirmó que la norma incluirá implícitamente la exigencia de que los brujos demuestren los poderes por los que cobran a sus clientes. El Círculo Escéptico va a reclamar, además, al Gobierno central y a los Ejecutivos autónomos que la ley contemple medidas preventivas, dentro de una petición sobre el control del mercado de actividades esotéricas, «abierta a la firma de quien quiera que se regule un sector que se aprovecha de la buena fe de la gente».
«Las autoridades tienen que apostar por la prevención, por la vigilancia del mercado de lo paranormal, como se hace con el de los juguetes y el de los complementos dietéticos. Estamos hablando de un tipo de fraudes que en muchos casos tienen graves consecuencias económicas y para la salud de las víctimas», sentencia Frías.
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La indefensión de las víctimas de lo paranormal
«Las víctimas de quienes venden servicios mágicos, esotéricos o milagrosos no sólo se enfrentan al perjuicio económico y al riesgo para su salud de haberse puesto en manos de un charlatán, sino que también descubren que la protección de las leyes es claramente insuficiente», advierte Fernando L. Frías. Y es que, para los tribunales españoles, no existe una estafa «a no ser que la víctima haya actuado totalmente engañada».
En febrero del año pasado, recuerda el presidente del Círculo Escéptico, el Tribunal Supremo absolvió a una curandera que timó 18.000 euros a dos hermanos que acudieron a ella para ver si acababa con el cáncer al final mató su padre. «El ciudadano medio de nuestra sociedad tiene un nivel de información sobre estas enfermedades y sus características que difícilmente puede alegar confianza racional en poderes paranormales. Se considera que no existe estafa cuando el sujeto pasivo acude a médiums, magos, poseedores de poderes ocultos, echadores de cartas o falsos adivinos, cuyas actividades no pueden considerarse como generadoras de un engaño socialmente admisible que origine o sean la base para una repuesta penal», sentenciaron los magistrados, para quienes un engaño de ese tipo «es tan burdo e inadmisible que resulta inidóneo para erigirse en el fundamento de un delito de estafa».
Información publicada en el diario El Correo y en Magonia el 25 de abril de 2008.