El titular de esta anotación es el resumen de lo que piensan los integrantes del Tribunal Supremo de la actividad de brujos, curanderos, videntes y demás personajes que viven de engañar al personal, de sacar los cuartos a la gente, muchas veces aprovechándose de la desesperación ante una enfermedad incurable. Con pocas víctimas de lo paranormal me siento tan solidario como con quienes recurren a brujos angustiados por una enfermedad. Tienen mi solidaridad porque la esperanza es algo muy humano, que puede cegar a cualquiera. Y el curandero, todo mi desprecio: merece que caiga sobre él todo el peso de la Ley. Por sinvergüenza.
Por eso, me ha indignado la sentencia del Supremo que absuelve una curandera que estafó 18.000 euros a dos hermanos, prometiéndoles que iba a sanar a su padre de un cáncer hepático incurable. Nuria Montero Gallardo, que así se llama la acusada, sacó a sus víctimas el dinero y sacrificó un pájaro como parte de un ritual de sanación que, como es lógico, resultó inútil. El enfermo murió a los seis meses, y sus hijos se sintieron engañados y denunciaron a la sanadora. Un tribunal la condenó a dos años y medio de cárcel y una multa, y ahora la Sala de lo Penal del Supremo la ha absuelto en una sentencia del 2 de febrero y deja a los demandantes la más costosa vía civil como única salida.
«El ciudadano medio de nuestra sociedad tiene un nivel de información sobre estas enfermedades y sus características que difícilmente puede alegar confianza racional en poderes paranormales. Se considera que no existe estafa cuando el sujeto pasivo acude a médiums, magos, poseedores de poderes ocultos, echadores de cartas o de buenaventura o falsos adivinos, cuyas actividades no puedan considerarse como generadors de un engaño socialmente admisible que origine o sea la base para una respuesta penal», dice la sentencia en uno de los fundamentos de derecho en el que se añade que, en estos casos, «se considera que el engaño es tan burdo e inadmisible que resulta inidóneo para erigirse en el fundamento de un delito de estafa». «La esperanza es humanamente entendida, pero la confianza en la magia no puede recabar la protección del derecho penal», concluyen los jueces.
Entiendo los argumentos de los magistrados -que, según cuenta en su blog el abogado Fernando L. Frías, son los mismos desde hace tiempo-, pero no puedo compartirlos. Dicen que cualquier españolito de a pie tiene que saber que hay enfermedades como el cáncer ante las que no caben hechizos, sino la medicina, y que la esperanza es comprensible, pero la confianza en la magia no. Estoy de acuerdo con esos dos presupuestos; pero me parecen alejados de la realidad. La sentencia, firmada por Joaquín Jiménez García, José Manuel Maza Martín y José Antonio Martín Pallín, pasa por alto que en España hay mucha gente que cree en la magia, que la mayoría de los medios de comunicación alimenta ésa y otras creencias irracionales, y que el espíritu crítico no está lo suficientemente extendido ni siquiera entre el sector de población con estudios superiores. Argumentar que no es creíble que un administrativo y un auxiliar de clínica -profesiones de los demandantes- actúen bajo el error o el engaño en casos como el que nos ocupa es dar la espalda a la calle.
Si fuera de otro modo, vivir de engañar a la gente no sería el negocio que es para videntes, brujos, chamanes, ufólogos, astrólogos, periodistas esotéricos, médicos alternativos, sanadores y una interminable lista de caraduras. «Hasta donde me alcanza el entendimiento, y llevo años estudiando este hecho con profundidad y empleando a gente para que me ayude en la investigación, jamás nadie en este mundo ha perdido dinero al subestimar la inteligencia de las grandes masas. Tampoco nadie ha perdido por eso su cargo público», escribió el periodista estadounidense Henry Louis Mencken en 1926. En países como Estados Unidos y España, si uno sabe contar trolas sobre fantasmas, maldiciones y ovnis con aplomo, puede forrarse y convertirse en gurú de una comunidad creyentes. Ésa es la realidad social, no la defendida por el Supremo en esta sentencia. Claro que, si la Justicia tuviera que perseguir a todos los estafadores que se presentan en la tele, la radio y la prensa como poseedores de poderes paranormales o que venden como misterios lo que no lo son, no iba a dar abasto.
Nota publicada en Magonia el 20 de marzo de 2007.