Ya tienen los hechiceros sanitarios una bonita ley catalana que les ampara en sus desmanes, y sus colegas del resto de España una norma cuya aprobación exigir hasta en la última de las comunidades autónomas. Lo lógico en un país desarrollado y serio es que los poderes públicos velen por la salud de los ciudadanos, dejando la Sanidad en manos de profesionales debidamente cualificados, impidiendo la venta de pócimas milagrosas y limitando las prácticas sanitarias a aquéllas cuya validez haya sido demostrada.
Lamentablemente, este país ni es desarrollado ni serio, y el Consejo Ejecutivo de la Generalitat catalana acaba de aprobar un decreto que regula como práctica sanitaria lo que no lo es. Porque da igual lo que argumenten los espabilados -licenciados en Medicina o no- que practican las terapias alternativas, da igual lo que digan sus clientes y que sean muchos, da igual lo que sostenga el gremio médico, la homeopatía, la acupuntura, la iridología y todo el batiburrillo de saberes que forma la denominaba medicina alternativa no son ninguna alternativa a la medicina, porque no son medicina. Como la astrología no puede ser nunca alternativa a la astronomía; la brujería, a la física; la criptozoología, a la zoología; y la astroarqueología, a la historia.
Los dos primeros párrafos del decreto son un auténtico disparate:
La existencia de diversas maneras de entender la persona, el diagnóstico, la enfermedad y el tratamiento, relacionadas con la tradición de las diferentes culturas, condiciona los criterios o las opciones médicas y terapéuticas distintas. Estas concepciones diversas se encuentran tanto en la medicina oficial, convencional o alopática, como en el resto de criterios llamados no convencionales, complementarios, alternativos, naturales u holísticos. Cada uno de estos criterios utiliza remedios o técnicas diferentes.
Los criterios en que se basan las terapias naturales parten de una base filosófica diferente a la que soporta la medicina convencional o alopática y aplican procesos de diagnóstico y terapéuticos propios.
La norma parte de un pernicioso relativismo -«la existencia de diversas maneras de entender la persona», «las terapias naturales parten de una base filosófica diferente a la que soporta la medicina convencional o alopática»- que permite casi todo. Desde ese punto de vista, ¿acaso no es un tratamiento sanitario el del adivino que reconforta a su cliente, poner bolas de cristal bajo la almohada para curar el cáncer o tomarse la pócima que hace, según el curandero de turno, desaparecer el sida?, ¿por qué esos depositarios de un saber diferente tienen que demostrar que lo que hacen es más que estafar al personal y no se le exige lo mismo a un osteópata, reflexólogo o lo que sea, esté o no titulado en Medicina? La norma catalana libera a los terapeutas naturales de demostrar que lo que hacen es algo más que hechicería, algo más que echar agua bendita en unas instalaciones recién inauguradas. La superstición y el fraude reciben así cobertura legal y sus practicantes podrán exhibir en las consultas una acreditación oficial.
La Generalitat destaca, en el anuncio de su decisión, que Cataluña ha aprobado un decreto «pionero en Europa», como si hubiera un motivo para la alegría y no para la vergüenza. Mañana, esos sabios gobernantes podrían decidir -¡por qué no!- que a los astrólogos les hicieran sitio en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, por ejemplo, y sería igual de loable. Lo que ha hecho la Generalitat con las terapias naturales es una muestra de populismo alejado de cualquier criterio científico y racional, y de toda lógica. ¿Por qué hay que exigir efectividad a los tratamientos convencionales y no a la acupuntura o a la -¡agárrense!- liberación holística de estrés con técnicas de kinesiología?
La Organización Médica Colegial (OMC) considera que el decreto catalán «pone en riesgo la salud de los ciudadanos» y «puede representar un riesgo sanitario de primera magnitud». No se hagan ilusiones. No es que el gremio médico haya entrado en razón y decidido que no han de fomentarse prácticas sanitarias sin base científica. No. Lo que hace es recordar que «toda terapia, convencional o no, es en sí misma un acto sanitario que precisa de un diagnóstico previo, de una indicación terapéutica y de una aplicación de la misma que debe ser realizada, necesaria y obligatoriamente por un profesional cualificado y legalmente autorizado». No estamos, por tanto, ante una defensa de los ciudadanos frente el avance de la pseudomedicina, sino del gremialismo más feroz, el que defiende que quienes practiquen la hechicería sanitaria sean titulados en Medicina.
El Gobierno catalán hace que esa comunidad retroceda a tiempos precientíficos y pone la salud de los ciudadanos en manos de hechiceros. Mal empieza 2007, el Año de la Ciencia.
Nota publicada en Magonia el 2 de febrero de 2007.