Los socialistas consiguen que todos los partidos del Parlamento vasco se sumen a la histeria antiantenas

El Parlamento vasco se ha puesto, por fin, unánimemente de acuerdo en algo. Por desgracia, es en alimentar la histeria antiantenas. El PSE ha conseguido hoy en la Cámara de Vitoria “el respaldo unánime a su propuesta para legislar sobre las ondas electromagnéticas e implicar a diferentes departamentos del Gobierno para que los ciudadanos estén informados sobre la incidencia de estas radiaciones”. Dicen los socialistas, en una nota de prensa, que su portavoz de Medio Ambiente, Natalia Rojo, ha llevado la iniciativa a la Cámara recogiendo la petición de los padres de los alumnos de la ikastola Ibaiondo de Vitoria y de los vecinos del barrio bilbaíno de Solokoetxe, preocupados por la posible incidencia en la salud de las antenas de telefonía, de la que -reconoce el PSE- “no hay evidencias científicas, pero sobre la que la política puede actuar”. Paradojas de la caza del voto a toda costa.

Han firmado la enmienda transaccional a la proposición no de ley relativa a la contaminación electromagnética el PSE, el PNV, el PP y EH Bildu, y la ha apoyado UPyD. Reclaman al Gobierno vasco que exija al central que regule la instalación de antenas de telefonía, en coordinación con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta “las recomendaciones recogidas por la resolución 1815 del Consejo de Europa” y, si no, que elabore un proyecto de ley propio.

La resolución 1815 del Consejo de Europa, de 27 de mayo de 2011, advierte de que, “si bien los campos eléctricos y electromagnéticos de determinadas bandas de frecuencias tienen efectos plenamente beneficiosos que se utilizan en medicina, otras frecuencias no ionizantes, ya sea de frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en los ámbitos del radar, las telecomunicaciones y la telefonía móvil, parecen tener efectos biológicos no térmicos potencialmente más o menos nocivos para las plantas, los insectos y los animales, así como para el cuerpo humano incluso cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los valores de los umbrales oficiales”. Aunque no hay ninguna prueba de que las emisiones de radiofrecuencia causen mal alguno -a no ser que nos refiramos a los mensajes que transmiten ciertas cadenas de radio y televisión-, los miembros del Consejo de Europa partían hace tres años de ese falso supuesto para reclamar medidas de protección de la población basándose en el principio de precaución.

Es lo mismo que hacen ahora los partidos vascos bajo la guía del PSE: aunque “no hay evidencias científicas” -hasta ellos lo admiten- de que las antenas de telefonía ni la Wi-Fi supongan peligro alguno, piden que se tomen medidas para proteger “al máximo la salud de la ciudadanía, especialmente en lo referido a los colectivos sociales más sensibles y vulnerables”. No importa que tampoco haya ninguna prueba científica de que existan colectivos “más sensibles y vulnerables” a las ondas de radiofrecuencia o, por decirlo de otro modo, que haya pruebas de que los hay en la misma medida que hay colectivos “más sensibles y vulnerables” a las posesiones demoniacas o los secuestros por extraterrestres.

Todo por los votos y contra la razón

Lo que importan, señores, son los votos, como deja claro el PSE en su nota cuando dice que “Rojo ha finalizado su intervención haciendo una apelación expresa al PNV, que a pesar de su voto ha expresado numerosas críticas al acuerdo, para que cumpla en lo que le afecta «y no se limite a eludir hoy la presión social»”. Presión social, ésa es la clave. Si mañana sale mucha gente a la calle pidiendo la derogación de la ley de la gravedad, ¿qué harán los socialistas, animar al resto de los partidos a legislar contra ella? Si mañana un grupo de padres teme que seres del inframundo rapten a sus hijos en la escuela, ¿pedirá el PSE que se instalen escudos especiales en los cimientos de los centros escolares?

Recordemos: después de décadas y centenares de estudios, no hay ninguna prueba de que las ondas de telefonía provoquen cáncer, y los epidemiólogos tampoco han detectado un aumento de los tumores cerebrales a pesar de que el año pasado había en Estados Unidos más de 350 millones de líneas de móvil -frente a los 10 millones de 1993- y en el mundo, más de 6.500 millones, cuando en 1995 había 91 millones. ¿Qué se creen los grupos del Parlamento vasco que va descubrir el Gobierno de Vitoria si hace “un seguimiento de la evidencia epidemiológica acerca del impacto que esas instalaciones tienen en la salud de la ciudadanía, con especial atención en las poblaciones de mayor sensibilidad”? Se lo adelanto: nada. No tiren más dinero nuestro a la basura.

Estoy de acuerdo, eso sí, en que hay que hacer todo lo posible “para que la información que llega a la ciudadanía sobre las radiaciones electromagnéticas sea siempre rigurosa y equilibrada”; pero no se confundan. La información rigurosa la proporcionan los científicos -los tenemos muy buenos n la Universidad del País Vasco hartos de repetir que las ondas de telefonía no causan ningún mal- y que una información sea equilibrada no implica que deba darse el mismo crédito al chiflado que al investigador de prestigio, al zahorí antiantenas que al biofísico. ¿O es que el Parlamento vasco pediría al Departamento de Sanidad que diera el mismo crédito sobre el sida a científicos de reconocido prestigio que a quienes dicen que el VIH no causa la enfermedad?

Por cierto, señores parlamentarios vascos, si quieren echarle un ojo al episodio de Escépticos dedicado a las malvadas ondas electromagnéticas para hablar en el futuro con un mínimo conocimiento de causa, aquí lo tienen. Por si andan cortos de tiempo, les dejo un decálogo de lo que todo político debería tener claro a la hora de halar de ondas de telefonía, Wi-Fi y salud.